A través de una instancia depositada ante la oficina coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este, el órgano persecutor pidió enviar a juicio de fondo a Ángel del Pino Cuya, también identificado como Ricardo Casas.

El Ministerio Público solicitó la apertura a juicio contra un hombre señalado de comunicar una falsa alerta de bomba al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), un hecho que activó los protocolos de emergencia aeroportuaria, obligó al retorno de una aeronave en pleno vuelo y provocó la suspensión temporal de las operaciones aéreas.

A través de una instancia depositada ante la oficina coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este, el órgano persecutor pidió enviar a juicio de fondo a Ángel del Pino Cuya, también identificado como Ricardo Casas.

La acusación fue presentada por el fiscal Andrés Mena, adscrito a la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, junto a las fiscales Felbelys Rosario y Ana Sánchez, de la Fiscalía de Santo Domingo Este.

Al imputado se le atribuyen infracciones a la Ley núm. 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, y a la Ley núm. 267-08 sobre Terrorismo.

El Ministerio Público considera que su conducta generó una alerta que comprometió la seguridad operacional del aeropuerto, interrumpió las operaciones aeronáuticas, obligó al desvío de vuelos hacia otras terminales y activó mecanismos extraordinarios de respuesta institucional.

Según la investigación, el 6 de enero de 2026 el acusado realizó una llamada telefónica en la que informó falsamente sobre la presencia de un artefacto explosivo en el vuelo CM-299 de la aerolínea Copa Airlines. A raíz de esa información, las autoridades aeroportuarias activaron los planes de contingencia previstos para este tipo de amenazas, lo que incluyó ordenar el retorno de la aeronave y aplicar protocolos exhaustivos de seguridad.

El acusado guarda prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

El Ministerio Público indicó que la acusación se apoya en una amplia estructura probatoria que combina evidencia testimonial, documental, pericial, material y procesal recopilada durante la investigación.

Entre las pruebas principales figura el registro de la llamada realizada al centro de atención de Aerdom  a través de la plataforma Amazon Connect, cuya grabación fue preservada y posteriormente transcrita. A esto se suman certificaciones de las compañías telefónicas que permitieron rastrear el origen de la comunicación y vincular el número utilizado con el dispositivo del acusado.

La investigación también incluyó informes técnicos elaborados por especialistas de Aerodom, por la División de Investigación de Delitos Informáticos (DIDI) de la Dirección Nacional de Inteligencia, y documentación oficial del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), que acreditan tanto la activación de los protocolos de emergencia como las afectaciones operacionales derivadas de la falsa alerta.

Uno de los elementos de mayor peso en el expediente fue el análisis forense digital realizado al teléfono móvil ocupado al acusado en el momento de su arresto. A partir de ese examen, los peritos lograron recuperar registros y metadatos que corroboraron la existencia de la llamada al número de servicio al cliente del AILA, y el Ministerio Público incorporó al proceso los informes que vinculan ese dispositivo con la comunicación realizada el día de los hechos.

A ello se sumó un peritaje de acústica forense practicado por especialistas de la Policía Científica, cuyo resultado estableció que la voz registrada en los audios de la llamada corresponde a Ángel del Pino Cuya, lo que según el Ministerio Público confirma científicamente la relación entre el contenido grabado y la identidad del imputado.

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