El Ministerio Público solicitó este jueves a la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocar la sentencia que declaró extinguida la acción penal contra los procesados por la venta irregular de terrenos estatales en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este.
Entre los procesados figuran Leoncio Almánzar Objío, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde); Juana Ynés Gómez Williams, Lisetel González Sánchez, Manuel Joaquín Aybar Ferrando, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, Carlos Aris Gómez Williams, Irving José Cruz Crespo y Julio César Gómez Williams.
El tribunal, integrado por los jueces Ysis Muñiz, presidenta; Teófilo Andújar y Milagros Ramírez Cabrera, reservó el fallo para el jueves 10 de septiembre, a las 11:00 de la mañana.
El recurso fue presentado contra la sentencia penal 941-2024-SSEN-00082, emitida el 22 de abril de 2024 por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que declaró la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.
El Ministerio Público sostiene que el tribunal realizó una aplicación errónea de la ley y que la decisión no se corresponde con la acusación ni con las pruebas aportadas. Por esa razón, solicitó que la sentencia sea revocada y que se ordene la continuación del juicio contra los acusados.
“En el día de hoy, el Ministerio Público cumplió con presentar el recurso de apelación contra la extinción del proceso penal”, expresó la procuradora de corte Rosa Pichardo al concluir la audiencia.
La apelación fue sustentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; la procuradora de corte Rosa Pichardo y los fiscales José Miguel Marmolejos y Wagner Cubilete.
El recurso también alcanza a las empresas Proyecciones Inmobiliarias Gowi, S.R.L.; Inversiones Fernández Parache (Infepa); Tekknowlogic Dominicana, S.R.L., y a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales.
De acuerdo con la acusación, el grupo participó en la venta irregular de unos cuatro millones de metros cuadrados de terrenos propiedad del Estado, mediante una operación con la que esperaba obtener cerca de RD$5,000 millones.
El expediente establece que los involucrados enajenaron propiedades estatales y presionaron a residentes de Los Tres Brazos para que compraran los terrenos donde habían vivido durante décadas.
El Ministerio Público asegura que funcionarios y particulares se asociaron para vulnerar el ordenamiento constitucional y legal, perjudicar el patrimonio público y obtener beneficios económicos mediante la comercialización de los inmuebles.
El caso fue calificado como una presunta violación de los artículos 59, 60, 166, 171, 175, 265, 266 y 405 del Código Penal dominicano, así como de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.