Entre las actuaciones pendientes fueron señalados interrogatorios a múltiples testigos, la obtención de informes y peritajes de instituciones como la Superintendencia de Bancos y la Dirección General de Impuestos Internos, así como otras diligencias relacionadas con organismos auxiliares de la investigación.
El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó cuatro meses de prórroga al Ministerio Público para concluir la investigación y presentar la acusación formal contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y los demás imputados en el proceso.
El magistrado Deiby Timoteo Peguero, tras acoger la solicitud presentada por los titulares de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho y Mirna Ortiz, determinó que se cumplían las condiciones establecidas por el Código Procesal Penal para extender el plazo de la investigación.
Durante la audiencia, el magistrado explicó que el tribunal, como órgano de garantía durante la etapa preparatoria, debe verificar que cualquier solicitud de prórroga cumpla tanto con los requisitos formales como materiales establecidos por la legislación procesal.
El juez recordó que el artículo 152 del Código Procesal Penal permite solicitar una extensión del plazo de la investigación cuando exista una necesidad debidamente justificada, pero advirtió que esta facultad debe analizarse tomando en consideración el principio del plazo razonable, reconocido tanto por la normativa procesal como por la Constitución dominicana.
Peguero precisó que el proceso fue judicializado el 11 de diciembre de 2025, fecha en la que fueron impuestas las medidas de coerción a los imputados.
Asimismo, señaló que el caso fue declarado complejo, por lo que, conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal, los plazos ordinarios de investigación fueron duplicados.
En ese sentido, explicó que el plazo para concluir el procedimiento preparatorio vencía el 11 de agosto de 2026 a las 12:00 de la medianoche, mientras que la solicitud de prórroga fue depositada ese mismo día a las 10:42 de la mañana, por lo que fue presentada dentro del tiempo establecido por la ley.
Al evaluar el fondo de la petición, el tribunal consideró que el Ministerio Público justificó la necesidad de contar con más tiempo para completar diversas diligencias investigativas.
Entre las actuaciones pendientes fueron señalados interrogatorios a múltiples testigos, la obtención de informes y peritajes de instituciones como la Superintendencia de Bancos y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), así como otras diligencias relacionadas con organismos auxiliares de la investigación.
El Ministerio Público también informó al tribunal que, durante uno de los allanamientos practicados en el marco del proceso, fueron ocupadas alrededor de 15,000 páginas de documentos, cuyo contenido se encuentra bajo análisis, incluyendo información de carácter médico y financiero.
A esto se suma un informe que realiza la Contraloría de la Procuraduría, para el cual, según fue explicado en audiencia, se requirió un período de aproximadamente 80 días laborables.
El órgano acusador también indicó que fueron ocupados equipos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares y otros dispositivos, cuya información está pendiente de extracción y análisis técnico, conforme a las órdenes judiciales emitidas para autorizar esas diligencias.
JUEZ CONSIDERA QUE LA PRÓRROGA ESTÁ JUSTIFICADA
Tras valorar los argumentos y documentos presentados, el juez Peguero concluyó que la extensión solicitada estaba debidamente justificada.
El magistrado consideró que varias de las diligencias pendientes no dependen exclusivamente de la actuación directa del Ministerio Público, sino de la respuesta y el trabajo de distintas instituciones y organismos que participan como auxiliares de la investigación.
En ese contexto, sostuvo que resulta necesario garantizar al Ministerio Público, que tiene la obligación de investigar tanto los elementos de cargo como los de descargo, el tiempo suficiente para completar las diligencias pendientes, tomando en cuenta la magnitud y complejidad del proceso.
Por esas razones, el tribunal acogió la solicitud y concedió la prórroga de cuatro meses para que el Ministerio Público concluya la investigación y proceda conforme corresponda en la etapa preparatoria.
MANTIENE PRISIÓN PREVENTIVA
Por otro lado, el juez rechazó la solicitud de variación de la prisión preventiva presentada por los imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo, al considerar que persisten las razones que justificaron la imposición de la medida de coerción.
Peguero consideró que la prisión preventiva continúa siendo idónea, necesaria y proporcional, tomando en cuenta la naturaleza y novedad de los hechos investigados, así como las razones que fueron ponderadas originalmente para imponer.
Además, figuran como acusados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Ada Ledesma, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes igualmente cumplen arresto domiciliario.
Al grupo se le acusa de defraudar al Estado dominicano por más de 15,000 millones de pesos, cifra que investigaciones posteriores han elevado a más de 19,000 millones de pesos. Según el Ministerio Público, la red operó entre 2020 y 2025, afectando el sistema público de riesgos de salud.
A los imputados se les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, y falsificación y uso de documentos falsos.
