El presidente emérito del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, advirtió que un eventual descalabro del Poder Judicial tendría consecuencias para la República Dominicana y sostuvo que el país necesita reformas que fortalezcan el sistema de justicia.
“Si hay un descalabro del Poder Judicial, las consecuencias van a ser terribles para la República Dominicana”, expresó Ray Guevara, quien afirmó que se mantiene en oración para que esa situación no ocurra y recordó que “sin justicia no hay paz, democracia ni desarrollo”.
El jurista señaló en durante una entrevista en el programa D’AGENDA, que, a su juicio, uno de los principales riesgos para el país sería que no se escoja a una persona proveniente de la vida jurídica y social para encabezar las reformas que considera necesarias dentro del Poder Judicial.
“Hay muchas quejas en ese poder del Estado, como las que se manifiestan en las jurisdicciones inmobiliaria y penal, y hasta en la propia estructura, a pesar de que se han hecho muchas cosas y se ha avanzado en otras”, manifestó.
Durante la entrevista con Héctor Herrera Cabral en el programa D’AGENDA, transmitido por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, Ray Guevara sostuvo que existen quejas relacionadas con distintas áreas del sistema de justicia.
El expresidente del Tribunal Constitucional rechazó el argumento de que la persona que presida la Suprema Corte de Justicia deba provenir necesariamente de la carrera judicial. Para sustentar su posición, citó casos de Estados Unidos y señaló que varios presidentes de su Corte Suprema no procedieron de esa carrera.
Indicó que, de los 17 presidentes que ha tenido la Corte Suprema estadounidense, nueve no provenían de la carrera judicial. También mencionó los casos de John Jay y John Marshall como parte de su explicación sobre el modelo de selección utilizado en ese país.
Ray Guevara también se refirió al incumplimiento de sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional y afirmó que el desacato por parte de instituciones públicas constituye una violación al Estado de derecho.
“La administración se coloca por encima de la ley cuando no cumple una sentencia; esa es una violación al Estado de Derecho”, sostuvo.
Agregó que el cumplimiento de las decisiones judiciales depende de la voluntad administrativa y de la orientación de los funcionarios responsables de ejecutar las políticas públicas.
“Cuando un Estado viola una sola sentencia de un tribunal, como está sucediendo con las dictadas por el Tribunal Constitucional, se convierte en un Estado delincuente”, afirmó.
Recordó que durante su gestión al frente del Tribunal Constitucional se desarrollaron iniciativas dirigidas a promover el cumplimiento de las sentencias, entre ellas dos diplomados para miembros de la Policía Nacional.
También señaló que, en varias ocasiones, desde el Ministerio de Defensa se argumentó falta de presupuesto para ejecutar decisiones judiciales, ante lo cual indicó que las instituciones estaban obligadas a gestionar los recursos necesarios para cumplirlas.
Ray Guevara explicó que el incumplimiento de sentencias por instituciones públicas no es una situación exclusiva de República Dominicana y mencionó experiencias similares en Panamá y Colombia, además de señalar que abordó el tema durante una reunión de presidentes de tribunales constitucionales en Corea del Sur.
Según afirmó, República Dominicana registraba uno de los menores niveles de incumplimiento de sentencias entre los casos que conocía. No obstante, reiteró que basta con incumplir una decisión para afectar el Estado de derecho.
El jurista también valoró la aprobación del nuevo Código Penal y consideró que, en el ámbito legislativo, constituye la principal obra de los gobiernos del presidente Luis Abinader.
“Después de la ley de Seguridad Social, el instrumento más importante para asegurar la convivencia en la República Dominicana, para mantener el orden público y la paz social, es ese nuevo Código Penal”, sostuvo.
Ray Guevara explicó que la evolución de la delincuencia y la aparición de nuevas conductas tipificadas como delitos hacían necesaria una actualización de la legislación penal.
Afirmó que el 80 % de los dominicanos apoya el nuevo Código Penal, aunque señaló que un 30 % de la población dice no conocerlo. Indicó que la comisión que preside tiene entre sus tareas inmediatas dar a conocer el contenido de la normativa.
Asimismo, sostuvo que alrededor del 70 % del Código mantiene la tradición jurídica francesa y consideró que los operadores del sistema de justicia no deben tener inquietudes sobre su aplicación.
Ray Guevara cuestionó las críticas formuladas contra la nueva legislación y pidió que, al analizar la severidad de las sanciones contempladas, también se tome en cuenta la situación de las víctimas de los delitos.
Finalmente, recordó que República Dominicana permaneció durante unos 30 años intentando reformar la anterior legislación penal antes de que se lograra la aprobación del nuevo Código.
