El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional condenó a otras siete personas vinculadas a la red internacional de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Búfalo NK, que permitió incautar 1,824 kilogramos de drogas. Con estas nuevas condenas, suman 14 las personas sentenciadas por su vinculación con la estructura criminal.
Durante un procedimiento penal abreviado presentado por el Ministerio Público, los imputados se declararon culpables de los delitos atribuidos y llegaron a acuerdos con el órgano acusador, los cuales fueron homologados por el tribunal, encabezado en esta ocasión por el juez Raymundo Mejía.
Isidoro Rotestán Clase fue condenado a siete años de prisión, de los cuales deberá cumplir tres años y seis meses bajo arresto domiciliario. Francisco Morrobel Pérez recibió una condena de cinco años, con suspensión de la pena, además del pago de una multa de RD$50,000.
Mientras, Cristino Rotestán Clase, Johnny Casimiro Tejada, Geyser C. Castillo Mordán, Luigui Aneudy Ureña Read y Jomaiky Ureña Rotestán fueron condenados cada uno a cuatro años de prisión suspendida y al pago de una multa equivalente a 100 salarios mínimos.
Durante el período de suspensión, los condenados deberán cumplir las reglas establecidas por el tribunal, entre ellas permanecer en un domicilio fijo. En caso de incumplir estas condiciones, deberán cumplir la totalidad de la pena en prisión.
El tribunal también ordenó la clausura definitiva de las empresas Mariscos Del Caribe Clase S.R.L., Mojos S.R.L. y Elegant Records Productions E.I.R.L., además del pago de una multa de 100 salarios mínimos para cada una.
En el proceso también se aplicó un criterio de oportunidad a favor de Braulio Rotestán Clase, Glorisel De La Cruz Paulino, Leda Margarita Clase y Estefany De La Cruz Paulino.
Los fiscales Jonathan Elías Pérez Fulcar, Miguel Collado García y Enmanuel Ramírez representaron al Ministerio Público durante la audiencia en la que fueron homologados los acuerdos.
Decomiso de bienes, dinero, vehículos y armas
Como parte de las sanciones impuestas en el proceso, el tribunal ordenó el decomiso de 18 inmuebles, entre ellos apartamentos, residencias, solares, terrenos y parcelas ubicados en diferentes puntos del país.
Los bienes decomisados se encuentran en zonas de Punta Cana, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Padre Las Casas, en Azua, y La Romana.
También fueron decomisados 16 vehículos terrestres, seis autobuses de transporte masivo, siete embarcaciones, cinco motores fuera de borda, tres armas de fuego y 115 municiones.
A esto se suman US$97,700 y RD$17,412,085.91, además de otras sanciones económicas establecidas en los acuerdos homologados por el tribunal.
Antes de estas nuevas sentencias, otras personas vinculadas al caso ya habían sido condenadas. Rafael Ynoa Santana recibió la pena máxima de 10 años de prisión, mientras que Robert Nicolás Acosta fue condenado a siete años.
También fueron sentenciados a cinco años de prisión Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Severiano Núñez Pichardo y Cristian E. Alcántara Javier. Mientras, Maritza Flete Santana recibió una condena de tres años. En el proceso también se aplicó un criterio de oportunidad a Juan Henríquez Tavárez.
Una investigación que comenzó en 2020
De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación contra esta estructura criminal comenzó en 2020, con apoyo de la DEA y autoridades colombianas.
Posteriormente, en septiembre de 2024, las autoridades ejecutaron la Operación Búfalo NK, en un operativo coordinado por el Ministerio Público junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ministerio de Defensa, organismos de inteligencia, la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos.
La estructura estaba integrada por ciudadanos de Colombia, Venezuela y República Dominicana, con conexiones en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
Según la investigación, la organización utilizaba rutas marítimas y aéreas para transportar grandes cargamentos de cocaína, operando de manera simultánea en distintas jurisdicciones.
Con las nuevas condenas, el proceso judicial avanza con 14 personas condenadas, además de los decomisos de bienes, dinero, vehículos, embarcaciones y armas ordenados por los tribunales.
