El senador Antonio Taveras exige que autoridades expliquen muertes en operativos policiales, cuestionando la transparencia y el respeto al debido proceso.
El senador independiente Antonio Taveras Guzmán solicitó que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional comparezcan ante el pleno del Senado para ofrecer explicaciones sobre las muertes de ciudadanos en los denominados intercambios de disparos con agentes policiales.
El legislador manifestó su preocupación por el incremento de estos casos y cuestionó que personas contra quienes existen órdenes de arresto mueran durante operativos policiales, sin que, a su juicio, se garantice en todos los casos una investigación transparente que permita establecer las circunstancias de los hechos.
Taveras sostuvo que la persecución de la delincuencia debe realizarse respetando la Constitución y el debido proceso, al tiempo que recordó que en República Dominicana no existe la pena de muerte y que corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades penales.
El senador independiente Antonio Taveras Guzmán solicitó que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional comparezcan ante el pleno del Senado para ofrecer explicaciones sobre las muertes de ciudadanos en los denominados intercambios de disparos con agentes policiales.
El legislador manifestó su preocupación por el incremento de estos casos y cuestionó que personas contra quienes existen órdenes de arresto mueran durante operativos policiales, sin que, a su juicio, se garantice en todos los casos una investigación transparente que permita establecer las circunstancias de los hechos.
Taveras sostuvo que la persecución de la delincuencia debe realizarse respetando la Constitución y el debido proceso, al tiempo que recordó que en República Dominicanano existe la pena de muerte y que corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades penales.
Cuestiona los procedimientos policiales
Durante sus declaraciones, el congresista señaló que, según datos mencionados en su intervención, existen alrededor de 53,000 órdenes de arresto pendientes de ejecución, por lo que cuestionó la capacidad de las autoridades para hacer cumplir esos mandatos mediante los mecanismos legales correspondientes.
Asimismo, planteó interrogantes sobre la ausencia del Ministerio Público en determinados procedimientos y advirtió que el traslado de personas heridas o fallecidas, antes de documentar adecuadamente la escena, podría comprometer la preservación de las evidencias.
