La Asociación Nacional de Distribuidores de Bebidas Alcohólicas y No Alcohólicas (ANADIBA), presidida por Andrés Rosado y con la vicepresidencia de Luis Peña, realizó una denuncia pública dirigida al Gobierno para exigir equidad en la regulación de la venta de bebidas alcohólicas en el país.
De acuerdo con la organización, que agrupa a propietarios de tiendas tipo Liquor Store, mientras los supermercados y colmados mantienen abiertas sus puertas para la comercialización de estos productos, los distribuidores enfrentan cierres impuestos por las autoridades policiales, lo que genera un desequilibrio en las condiciones de operación.
“Hacemos un llamado al Gobierno a tener equidad comercial, ya que las tiendas de bebidas y alimentos (Liquor Store) las autoridades policiales nos tienen cerrados, cuando los supermercados, colmados y otros pueden estar operando”, señaló el gremio.
Los líderes de ANADIBA subrayaron que esta disparidad afecta negativamente los ingresos económicos de sus asociados, con una reducción significativa en las ventas, debido a que no pueden competir en igualdad de condiciones frente a otros puntos de venta que no enfrentan las mismas restricciones.
A su juicio, esta situación es injusta y no ajustada a las normativas oficiales, generando perjuicios económicos y comerciales para los miembros del gremio.
Ante esta problemática, la asociación hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que revisen y ajusten las medidas vigentes, buscando un trato justo y equitativo que permita a todos los actores del sector operar bajo las mismas reglas. Además, insistieron en que se debe garantizar la libre competencia y la sostenibilidad del mercado formal de distribución de bebidas alcohólicas.
Finalmente, ANADIBA advirtió que, de no corregirse esta desigualdad, las consecuencias podrían extenderse no solo a la economía del sector, sino también a la formalidad y control que estos distribuidores aportan al mercado, afectando además la recaudación estatal y la protección al consumidor, en un contexto que —según señalan— requiere transparencia, regulación efectiva y diálogo abierto con el sector.