El Ministerio Público, reafirmó este martes que mantiene una postura firme para lograr sanciones ejemplares contra el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y los demás acusados de integrar la red de corrupción que, según la acusación, estafó al Estado dominicano por más de RD$4,500 millones, desmantelada mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó por quinta ocasión el juicio, tras acoger el certificado médico de 45 días presentado el pasado 23 de octubre por la defensa del exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
La audiencia estuvo encabezada por el fiscal Jonathan Pérez Fulcar, en representación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ante el tribunal integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
El tribunal fijó la próxima audiencia para el martes 25 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, fecha en que se cumplirán 32 días del primer receso.
Defensa de Cáceres intentó separar su expediente
En octubre, la defensa de Cáceres Silvestre solicitó desglosar su caso del juicio principal por corrupción administrativa, petición que no prosperó.
El Ministerio Público recordó que ha presentado más de 2,900 pruebas contra los imputados, entre ellos los generales Julio Camilo de los Santos Viola, Juan Carlos Torres Robiou y otros señalados como parte del entramado.
A la red se vinculan altos oficiales y civiles acusados de sustraer fondos de inteligencia de varias instituciones.
Entre los procesados figuran el coronel Rafael Núñez de Aza, el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, Rossy Guzmán Sánchez (conocida como la Pastora), su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, el sargento Alejandro José Montero Cruz, así como José Manuel Rosario Pirón, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.
Amplio arsenal de pruebas y bienes incautados
El expediente incluye 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, 184 pruebas procesales y 104 pruebas materiales, como armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.
Las autoridades también identificaron 214 inmuebles, 86 vehículos de alto cilindraje, más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, todos solicitados en decomiso. Los bienes incautados han generado más de RD$86 millones por concepto de alquileres y producción agrícola, monto que también reclama el Ministerio Público a favor del Estado.
El órgano acusador sostiene que Cáceres Silvestre dirigió una red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020 desviando fondos públicos, incluidos recursos de inteligencia del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).