El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 403-2026, que crea el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos de la Administración Pública, con el objetivo de que las instituciones del Estado intercambien información entre sí, dejen de exigir a ciudadanos y empresas documentos o datos que ya reposen en otra dependencia gubernamental.
La medida busca agilizar los servicios públicos, reducir la burocracia y simplificar los trámites mediante el intercambio seguro, estandarizado y oportuno de datos, documentos electrónicos y otros registros entre los organismos estatales.
El decreto también establece las bases para una gestión más eficiente de la información bajo custodia del Estado, con el propósito de disminuir la duplicidad documental, mejorar la calidad de los datos y facilitar la prestación de servicios públicos digitales integrados.
Como órgano rector del Gobierno Digital, el Ministerio de Administración Pública (MAP) será responsable de definir los lineamientos, normas y protocolos sobre interoperabilidad y gobernanza de datos, además de supervisar el cumplimiento de la normativa y coordinar el Comité de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos.
Por su parte, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) tendrá a su cargo la operación técnica del marco y de la Plataforma Única de Interoperabilidad, infraestructura destinada al intercambio de información entre las instituciones públicas.
El decreto dispone que cada organismo deberá mantener actualizados sus registros de datos para facilitar el intercambio de información, aunque conservará la responsabilidad y el control sobre la información que administra.
Asimismo, la disposición será de cumplimiento obligatorio para las instituciones de la administración pública central, descentralizada, autónoma, desconcentrada y de la seguridad social, así como para las entidades estatales que administren registros, sistemas de información, plataformas o servicios digitales.
En materia de identidad, el decreto establece que los procesos y servicios públicos que requieran validar información personal deberán coordinarse con la Junta Central Electoral (JCE), respetando las competencias de ese órgano. Además, precisa que los datos obtenidos mediante interoperabilidad con el Registro Civil solo podrán utilizarse para fines legítimos y compatibles con las funciones de la institución que los solicite.
Con la entrada en vigor del Decreto 403-2026, queda derogado el Decreto 92-22, que desde febrero de 2022 regulaba el Marco Nacional de Interoperabilidad Gubernamental.