El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió este miércoles el nuevo Código Penal y lo calificó como «el más moderno», en medio de cuestionamientos provenientes del sector médico y debates públicos en torno a artículos relacionados con la difamación.
Sus declaraciones se producen luego de que el Colegio Médico Dominicano (CMD) depositara una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la nueva legislación, alegando que algunas de sus disposiciones afectan directamente al ejercicio médico.
De los Santos sostuvo que el nuevo Código Penal representa una pieza «más moderna» y adaptada a la realidad actual del país, al tiempo que afirmó que la ley anterior se había quedado rezagado frente a los cambios sociales y tecnológicos.
El presidente del Senado indicó que la pieza legislativa introduce nuevos tipos penales relacionados con el avance tecnológico, como los ciberdelitos y la ciberseguridad, elementos que, según explicó, no estaban contemplados en el código vigente, originado en una estructura legal histórica que no responde a los desafíos actuales.
En sus declaraciones, también defendió la necesidad de actualizar el sistema penal dominicano, señalando que el código en vigor ha permanecido por décadas sin adecuaciones profundas, lo que, a su juicio, limita la capacidad del Estado para perseguir ciertos delitos modernos.
Difamación y ataques médicos
Uno de los puntos que ha generado mayor controversia alrededor del nuevo Código Penal es la inclusión de disposiciones vinculadas a la difamación e injuria, especialmente en lo relativo a funcionarios.
En ese contexto, el tema ha escalado al debate público, donde algunos sectores han cuestionado si estas disposiciones podrían incidir en el ejercicio de la libertad de expresión.
De hecho, en el mismo Senado se creó una comisión especial para estudiar un proyecto de ley que busca modificar algunos artículos relacionados con la difamación.
El conflicto se amplía con la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio Médico Dominicano, que busca la anulación de la nueva normativa en aspectos que consideran lesivos para los profesionales de la salud.
Ante esto, el presidente del Senado indicó que cualquier ciudadano o sector tiene derecho a acudir al Tribunal Constitucional cuando considere que sus derechos son afectados, y señaló que será esa alta corte la que tendrá la última palabra sobre el recurso.
Reforma necesaria
De los Santos insistió en que el Congreso trabajó una reforma «necesaria» y esperada durante años, y recordó que el proceso de aprobación del Código Penal respondió a una demanda histórica de actualización del marco jurídico penal del país.
El legislador también reconoció que cualquier ley aprobada en el Congreso puede ser perfeccionada con el tiempo, al señalar que las normas «no son estáticas» y pueden ser objeto de revisión una vez entren en aplicación.
Sin embargo, reiteró que en este momento la prioridad institucional fue dotar al país de un nuevo Código Penal actualizado, tras años de debates legislativos.
El nuevo Código Penal, aprobado y promulgado a mediados del 2025, entrará en vigencia el 3 de agosto de este año.