Ante el recurso de bombas lacrimógenas utilizado por las autoridades policiales para dispersar y controlar a los miembros de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), quienes pretendían reclamar a través de una protesta desde el Parque Independencia hasta el Palacio Nacional, el Ministerio de Interior y Policía explicó por qué hizo uso de estos agentes químicos.
A través de un comunicado informaron que esta manifestación no contaba con la no objeción correspondiente ni había completado el proceso de coordinación previa con las autoridades competentes.
“La intervención de agentes policiales respondió a la necesidad de preservar el orden público, así como la libre circulación de las personas y el normal desarrollo de las actividades en la zona”, sostienen en el comunicado.
Reiteraron que la Constitución garantiza los derechos de reunión, asociación y expresión, cuyo ejercicio debe desarrollarse en armonía con el orden público, seguridad ciudadana y los derechos de los demás.
Sin embargo, estas declaraciones fueron repudiadas por la asociación, que a través de Basilio de la Rosa, miembro activo del comité ejecutivo nacional, sostuvieron que el escenario representa “un atropello brutal que no debió ocurrir”.
Declaró que no se trata de una lucha contra el gobierno, sino por las reivindicaciones de los agrónomos, responsabilizando al gobierno y a las autoridades policiales en conjunto con el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, por no mostrar colaboración con el sector.
“El ministro de Agricultura no es capaz ni siquiera de ayudar y colaborar con lo que nosotros queremos, que es concerniente a él. Toda la política agropecuaria es la que tiene que informar al gobierno y la mayoría de esos técnicos, todos, trabajan en el ministerio de Agricultura y los demás en cualquier dependencia de ellos, de Agricultura. O sea que a él le corresponde coordinar eso”, expresó.
Indicó que el lunes 22 de junio enviaron a la entidad institucional una carta donde manifestaban que este miércoles decenas de profesionales agropecuarios marcharían hacia el Palacio Nacional “de forma organizada y pacífica” para reclamar por reivindicaciones gremiales pendientes.
El escrito sostenía que la actividad se realizaría desde las 10:00 de la mañana, localizando el punto de encuentro, transitando por la calle 30 de marzo, avenida Francia, doctor Delgado, hasta llegar al punto de destino.
Nosotros hicimos todo lo debido, hicimos la comunicación. Mandamos a depositarla y no quisieron recibirla, y entendemos que es un derecho ciudadano que no se puede cortar. Una manifestación pacífica y de profesionales para demanda justa, eso no se puede cortar. Eso es un derecho constitucional que tenemos”, recalcó.
¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN?
De acuerdo con la sentencia número TC-05-2017-0178 emitida en el año 2018 por el Tribunal Constitucional, existe el derecho a reunirse, expresarse libremente y a la protesta social, tomando en cuenta que se trata de un “ejercicio de las personas de naturaleza social y su titularidad individual, lo que significa que toda persona tiene derecho a ejercerlos en libertad».
En ese sentido, la Constitución en sus artículos 47, 48 y 49 especifica que toda persona tiene derecho a asociarse bajo fines lícitos conforme a la ley sin la necesidad de un permiso previo para que puedan expresar sus pensamientos, ideas y opiniones.
En caso de que la actividad requiera el uso de espacios públicos, existe un procedimiento administrativo donde se notifica a las autoridades por razones de organización, seguridad vial y orden público.