Mucha espuma y poco chocolate es lo que ha pasado con algunos casos de corrupción que involucran el desfalco de miles de millones de pesos al erario público por personas que han ocupado funciones públicas.
El reciente descargo de los únicos dos condenados por el caso de corrupción Odebrecht ha evidenciado la mala instrumentación de los expedientes acusatorios por parte del Ministerio Público, por lo menos los que vienen de la gestión del exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez.
Junto a Odebrecht, los casos de corrupción Los Tucanos y Los Tres Brazos se instrumentaron bajo la gestión de Rodríguez y los tres tienen algo en común, sus imputados han sido favorecidos con descargo judicial por jueces que alegan falta de pruebas en las acusaciones formuladas por el Ministerio Público.
Caso Odebrecht
El caso Odebrecht empezó con muchos bombos en el 2017, con sendos allanamientos donde se apresaron ministros en funciones, empresarios, exfuncionarios y se involucraron senadores y diputados.
A medida que pasó el tiempo el número de encartados fue bajando sustancialmente, hasta que en el 2021, solo se produjo una condena de dos personas, el empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa.
La pasada semana, la Suprema Corte de Justicia no vio probada la acusación, tal como establece el Código Procesal Penal, y rechazó el recurso de casación de la Procuraduría.
Por ello, ordenó que sean devueltos todos los bienes incautados a Díaz Rúa y Ángel Rondón, quienes habían sido condenados por lavado de activos provenientes del enriquecimiento ilícito y soborno.
Díaz Rúa y Rondón eran los únicos condenados en República Dominicana en el proceso del caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción juzgado en este país caribeño después de que la constructora brasileña reconociera que había pagado más de 92 millones de dólares a funcionarios a cambio de la adjudicación de obras públicas.
En concreto, Díaz Rúa fue condenado a cinco años de cárcel por lavado de dinero, mientras que Rondón fue sentenciado a ocho años, al ser hallado culpable de repartir los sobornos millonarios y de lavado de dinero.
Caso Los Tres Brazos
Otro caso que empezó con muchos platillos fue el de Los Tres Brazos, en el que se acusó a funcionarios y empresarios de realizar una venta irregular del referido sector en Santo Domingo Este, traducido en más de 4 millones de metros cuadrados.
Este mismo año, el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró la extinción penal contra el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar Objío, y otros exfuncionarios, así como para los empresarios vinculados en la venta ilegal.
Los beneficiados con la sentencia que pone fin a la acción penal son, además de Almánzar Objío, el exgerente inmobiliario de Corde, Manuel Joaquín Aybar Ferrando; el exconsultor jurídico , Irvin José Cruz Crespo; la representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L, Juana Ynés Gómez Williams; Domingo Gerardo Legrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa); Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, empleados de esa empresa, y Lisetel González Sánchez.
Caso Tucano
El año pasado, el mismo Cuarto Tribunal Colegiado DN ordenó extinción penal del caso contra Pedro Rafael Peña Antonio, Carlos Ramón Piccini Núñez y Daniel Aquino Hernández, acusados de recibir 3.5 millones de dólares de sobornos de la empresa brasileña Embraer por la compra de los aviones Super Tucano.
El tribunal tomó la decisión por vencimiento del plazo máximo del proceso Se recuerda que el nuevo juicio fue aperturado para iniciar el 28 de agosto del presente año.
El nuevo proceso en contra del mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como las firmas 4D Business Group y Magycor, será realizado luego de que la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogiera la solicitud del Ministerio Público y anuló en todas sus partes la sentencia emitida el 30 de septiembre del año 2022 por el Tercer Tribunal Colegiado.
El Ministerio Público señala en su acusación que los procesados recibieron sobornos por parte de la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para ser escogida como la suplidora de ocho aviones de combate, denominados Super Tucano, en el año 2007.
La Pepca acusó al grupo de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos.
El Ministerio Público durante el juicio anterior pidió al tribunal la imposición de 10 años de prisión para Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Hernández, por la comisión de los delitos que les fueron atribuidos. Igualmente, solicitó el pago de una multa consistente en US$7 millones.
Respecto a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el BCRD señala que el Distrito Nacional recibió una proporción del 38.1 % durante julio, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, con un 12.1 % y 8.4 %, respectivamente. Esto indica que más de la mitad (58.5 %) de las remesas se recibe en las zonas metropolitanas del país.