En la audiencia de medida de coerción que se efectúa este martes, el Ministerio Público insiste en pedir al tribunal que imponga prisión preventiva, como medida de coerción, a un mayor general retirado y demás implicados en la sonada operación “Lobo“.
Los involucrados son: Carlos Robles Díaz, mayor general retirado del Ejército; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Ramón Quezada Ortiz, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández, Elías Caamaño Pérez y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, así como el primer teniente Wellington Peralta Santos, Bolívar Nicolás Fernández Espinal y el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González.
Según el Ministerio Público, los implicados formaban una estructura que se dedicaba a pagar sobornos por más de 100 millones de pesos, para lograr contratos de seguridad privada en instituciones públicas. La mafia operaba, presuntamente, desde la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase), cuyo propietario es el señor Rodríguez González.
Esos contratos, dice la acusación, eran conseguidos a través de sobornos, en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las distribuidoras EdeNorte, EdeEste y EdeSur.