Familiares, amigos y allegados de Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, la joven de 25 años hallada muerta de un disparo en la cabeza en el parque Mirador Sur el pasado 25 de enero, realizaron este martes una protesta pacífica a las afueras del Palacio de Justicia, exigiendo justicia por el crimen.
Durante la manifestación, el abogado de la familia informó que la audiencia de revisión obligatoria de la medida de coerción contra el teniente coronel del Ejército, Samuel Elías Céspedes Valdez, no se llevó a cabo debido a que el Ministerio Público depositó formalmente la acusación en su contra ese mismo día. Explicó que, aunque la Fiscalía actuó dentro del plazo legal de tres meses, existía preocupación en la comunidad de Peralta, Azua, por la demora en la presentación del expediente.
El jurista aseguró que las pruebas recopiladas, incluyendo los resultados de la autopsia, contradicen la versión del imputado, quien alegaba que se trató de un suicidio. “La acusación destruye esa tesis y establece que el disparo no fue realizado por la víctima, sino por el imputado”, afirmó, al tiempo que indicó que ahora se espera la convocatoria de la audiencia preliminar para determinar si el caso es enviado a juicio de fondo.
De su lado, un hermano de la víctima denunció que la familia teme que el caso quede impune, alegando que el imputado estaría utilizando todos los recursos posibles para evadir la justicia. “No nos vamos a cansar hasta lograr justicia para mi hermana. No queremos que este sea un caso más que quede en el olvido”, expresó.
Licairis Díaz Valenzuela, oriunda del municipio Peralta, en la provincia Azua, murió tras recibir un disparo mientras se encontraba dentro del vehículo del oficial, con quien mantenía una relación sentimental. El Ministerio Público ha calificado el hecho como homicidio voluntario, presuntamente ocurrido tras una discusión. El imputado cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.