Santo Domingo.- Operación Calamar presenta acusaciones formales por un complejo entramado que supuestamente desvió DOP 21,000 millones de las arcas del Estado. En el expediente, se destacan dos formas de estafa: fraudes inmobiliarios generados en los pagos por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, y un mecanismo de cobro de sobornos a locales donde operaban tragamonedas.
El entramado de los sobornos por la explotación de tragamonedas tenía como nombre clave entre los supuestos perpetradores El Programa, que, de acuerdo con el expediente Calamar, funcionaba al amparo y con la permisividad de las altas instancias del Ministerio de Hacienda.
Son diversos los perfiles de las 170 personas cuyos testimonios aparecen en la acusación, tanto supuestos prestanombres, como antiguos subalternos de algunos de los encartados. También, aparecen las declaraciones de personas que supuestamente fueron afectadas por los entramados, ya sea en términos de pagos por compensaciones a falsos herederos, como quienes pagaron soborno o para operar una máquina tragamonedas o para liberar el pago de una expropiación.
El testimonio de José Pablo Ortíz, quien la PEPCA encarta como supervisor de la estructura criminal denominada el “Proyecto o el Programa”, “prueba que ingresó a la estructura criminal vía Fernando Crisóstomo, por cuyo trabajo cobraba la
suma de DOP 500,000.00”.
Asimismo, José Melchor González Calderón, sostuvo en su testimonio presentado por el Ministerio Público que pagó sobornos por la suma DOP 43,000,000.00 a la estructura criminal denominada el “Proyecto o el Programa”, cuyos pagos eran realizados a Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo. También trató sobre su relación comercial con Fernando Crisóstomo a través de Víctor Antonio Roa Guzmán. “González Calderón entregó de manera voluntaria, en fecha 16 de noviembre del año 2022, documentos relacionados con el proceso”.
De acuerdo con las pruebas testimoniales de la PEPCA, José Antonio José Concepción, en fecha 16 de enero del año 2020, suscribió un Acuerdo Transaccional de Compra-Venta de Terreno definitivo, con el Estado dominicano, representado por Emilio C. Rivas R, en calidad de director general de Bienes Nacionales, sobre el pago de cuatro porciones de terreno que suman 11,017,333 metros cuadrados, en el municipio de Cotuí, provincia Juan Sánchez Ramírez, declarada de utilidad pública e interés social mediante un decreto de mayo del año 1976, por un valor de DOP 275,433,349.25, pero “el mismo no recuerda haber firmado esos contratos; y que todos los documentos que firmó, los firmó en la oficina de la señora Belkis Tejada”.
En ese sentido, el testimonio de Elizabeth Vilorio Reyes, es utilizado por el Ministerio Público para tratar de probar que los documentos relacionados a la compra fraudulenta de varias parcelas, que poseen sus iniciales, fueron redactados en el antedespacho de la oficina del acusado Luis Miguel Piccirillo Mcabe, por la asistente personal de Fernando Crisóstomo, y además que el acusado Luis Miguel Piccirillo Mcabe sostuvo reuniones constantes con Fernando Crisóstomo y con el acusado Ángel Lockward, en relación al proceso de compra de los terrenos antes descritos; así como cualquier otra información que sea de su conocimiento y de interés para este proceso.
De su lado, Joar Emil Ortíz Hernández, de acuerdo con la PEPCA, cobró dinero del Estado dominicano, con el objeto de hacerlo efectivo, y pagar sobornos a Belkis A. Tejada Ramírez, quien fuera directora legal de la Dirección General de Bienes Nacionales, con el fin de que facilitara el pago por expropiaciones.
Asimismo, el testimonio de Francisco Abreu Abreu, exdirector administración de efectivos del Banco de Reservas, prueba, de acuerdo con la PEPCA, los retiros millonarios en efectivo y de manera continua que realizaba la estructura de corrupción en el centro de acopio ID 45232, ubicado en la Av. Jiménez Moya, a través de volantes de retiro correspondientes a las cuentas de las empresas Axionova Group, S.R.L., BXT Dominicana, S.R.L., Prominex Multiservicios, S.R.L. y Rediux Consulting, S.R.L., llevándose el dinero en efectivo en maletas y bultos; que en muchas ocasiones los transportaban utilizando camiones blindados de la compañía SEPROI.
Dentro de la presentación de acusación, se encuentra el testimonio de Rafael Gómez Medina, exviceministro del Tesoro del Ministerio de Hacienda, con el que se prueba los cambios realizados por el acusado Donald Guerrero a su llegada como Ministro de Hacienda, en el proceso de pago de deudas administrativas que se realizaban a través de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Administrativa presidida por la acusada Princesa Garcia. Gómez Medina señala, según el expediente, que el exministro Guerrero tenía comunicación directa con la acusada sobre los pagos prioritarios de dicho departamento. Además, explica el procedimiento utilizado para el procesamiento de los expedientes para pago de expropiación, las razones por las cuales fue trasladada la señora Belkiz Tejeda al Ministerio de Hacienda, así como la urgencia manifestada por el acusado Donald Guerrero para que salieran los pagos de estos procesos de expropiación.
De igual manera, Marcial Santana Guilamo, de acuerdo con las pruebas testimoniales del Ministerio Público, presenta la manera mediante la cual adquirió los terrenos de la posicional núm. 502321322586 del Distrito Catastral 10/2 del municipio de Higüey en 2015. “Además, probamos las diligencias realizadas para la firma del acuerdo transaccional con la Dirección General de Bienes Nacionales, así como en todas las documentaciones, incluyendo las cesiones de crédito a favor de la estructura criminal firmadas con el fin de la tramitación del pago de los terrenos a través del Ministerio de Hacienda.
Con el testimonio de Natalia Cesarína Beltré Torres, la PGR intenta probar las acciones realizadas por Belkiz Tejada Ramírez, directora jurídica de la Dirección General de Bienes Nacionales, para blanquear capitales provenientes de actos de corrupción administrativa, la relación de ésta con Wilfredo Castillo Rosa, también prueba cómo fue usado de vehículo societario la empresa Grupo Dibefe, S.R.L. por Belkiz Tejada Ramírez para recibir pagos provenientes de sobornos de parte de Wilfredo Castillo Rosa, por la suma de DOP 68,136,650.00, donde Natalia Cesarína Beltré Torres es la principal tenedora de cuotas sociales y administradora de la empresa. “También prueba la forma de estratificación de los fondos recibidos, así como la adquisición, con esos fondos, de dos inmuebles, uno por valor de DOP 13,500,000.00, y otro por valor de DOP 9,683,951.00; para quien fueron adquiridos los inmuebles”.
Igualmente, con el el testimonio de Rosa Esterlina Gatón, “probamos todo lo relacionado a lo que tuvieron que hacer para poder cobrar el dinero correspondiente al pago por expropiación de terrenos que les correspondía por los derechos sucesorales de Francisca Toloparca Gatón; de igual forma prueba en qué condiciones cedieron poder de representación a Wilfredo Castillo Rosa y cuándo pagaron los impuestos sucesorales; así como cualquier otra información que sea de su conocimiento y de interés para este proceso”.
La PGR trata de probar con el testimonio de Álvaro Jiménez Crisóstomo, sus propios vínculos con Fernando Crisóstomo Herrera y que era su presta nombre; de igual forma prueba que el control de las operaciones financieras de las empresas Prominex Multiservicios, S.R.L., Rediux Consulting, S.R.L., BXT Dominicana, S.R.L., Axionova Group, S.R.L., donde aparece como firmante.
Además del testimonio de Efraín Santiago Báez Fajardo, con el que la PEPCA trata de probar “sus maniobras utilizadas en la organización criminal para la obtención de dinero ilícito proveniente del Estado dominicano y de El Programa, explicación del control contable de la distribución de dinero que era realizada por la estructura criminal en favor de funcionarios públicos y personas de la organización; también las instrucciones y funciones que les eran dada por Fernando Crisóstomo, los vínculos que mantenía con este; por igual probamos la participación a de la empresas Grupo Amerinova SRL, Tools Resources Enterprises, SRL, Vectra Consulting, SRL, Amerinova SRL, como vehículo societario para el lavado de activo, la explicación de las Informaciones obtenidas a través del Informe pericial Núm. IF-0280-201 emitido por INACIF, sobre la extracción del aparato electrónico consistente en una laptop marca HP, color azul, modelo 14-cb171wln, Prod 1 D9VK97UA#ABA, SN #5CD0392P9L, propiedad de Efraín Santiago Báez Fajardo, en la cual contiene documentaciones relacionada a la estructura de corrupción relacionada a la empresas Axionova Group, SRL, BXT Dominicana, SRL, Prominex Multiservicios, SRL y Rediux Consulting, SRL, tales como la autorizaciones de retiro y solicitudes de transferencia firmada por Álvaro Crisóstomo dirigida al Gerente de las cuentas de las empresa antes referida, Carlos Francisco Báez Batista, así como tablas de Excel con la contabilidad de los pagos realizados”.